Por Natalia Bedoya Alcaraz

Fotos: David Alejandro Pérez

Puede que a muchos se les haga extraña esta palabra, o puede que no: Pimpina. ¿Sabe usted qué es? De ella se deriva Pimpinero. Son dos términos propios del mundo del mercado de la gasolina de contrabando. La pimpina es donde se lleva y el pimpinero es quien la comercia. Sintragasolina, como lo cuenta Yuleima García Infante, es un sindicato que acoge a los trabajadores informales que durante años solventaron su economía familiar a través de la venta de combustible por contrabando de Venezuela a Colombia como respuesta a la falta de oportunidades laborales en la región.

La Ejecutiva de la Central Unitaria de Trabajadores Regional Norte de Santander (CUT) e integrante de base del sindicato, fue una de las asistentes al taller preparatorio para la III Asamblea Nacional por la Paz convocado por la Unión Sindical Obrera (USO) en el municipio de Tibú el pasado 10 y 11 de mayo. Además de ella, asistieron también miembros de distintas Juntas de Acción Comunal, de Juntas Unidas, de la Fundación Humedales Catatumbo, la Guardia Campesina (ASCAMCAT), las Madres del Catatumbo por la Paz, el proceso Festival del Río, el Sindenorte, la Asociación de personas con discapacidad (ASODISCAT), la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT), firmantes de paz, algunos jóvenes y personas de la comunidad LGTBIQ+, indígenas de la comunidad Barí y afrodescendientes, concejales, miembros de la personería y gestores de paz, por nombrar solo algunos.

Los y las asistentes hablaron de Transición Minero-energética, Derechos Humanos y Paz, realizaron un diagnóstico y una serie de propuestas que recogían las necesidades de sus territorios en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander. La descripción principal en términos de conflicto armado, según los participantes, es una dinámica en la que se han disminuido las acciones violentas o bélicas, lo que, contrario a generar tranquilidad en las comunidades, indica un mayor control de los grupos armados sobre ellas. Allí hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), además de otras fuerzas que lideran el narcotráfico y el contrabando, que surgen con facilidad por su característica de zona fronteriza con Venezuela.

Sintragasolina nació en el 2009 en oposición a la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte (Coomulpinort), que también empezó ese año, pero no resultó ser un lugar de representación para los trabajadores informales. Según Yuleima,

“hoy Coomulpinort es una de las empresas más importantes en el país, pero no abarca o no representa a la población pimpinera que realmente existe en el departamento, y que realmente es la que ha venido luchando a través de los años por los procesos de reconversión laboral”.

Antes, explica ella, había unos vehículos que se tanqueaban con gasolina en las estaciones de combustible de Venezuela y llegaban a la frontera, en donde se descargaba el producto. Ahí era empacado en pimpinas (barriles) y transportado vía río hasta cruzar la frontera y llegar a distintas zonas estratégicas de distribución para la ciudad de Cúcuta y el resto del departamento. Uno de los mayores puntos de acopio donde llegaba la mayor cantidad de combustible eran Puerto Santander, El Escobal (frontera con Ureña) y San Antonio por el sector de “la parada” limítrofe con Villa del Rosario. Yuleima dice que el comercio prácticamente era una cadena que en muchos casos estaba interrumpida por grupos al margen de la ley, que eran quienes controlaban la llegada y la salida del combustible en las diferentes trochas. De esta manera, los trabajadores fueron víctimas no sólo de un estado y fuerza pública que los criminalizaba, sino también de grupos armados que terminaron financiando sus actividades por medio de la extorsión y causaron la muerte de al menos 17 afiliados del sindicato, entre 2009 y 2018.

Luego, en el año 2015, cuando se dio el cierre de la frontera por orden de por Nicolás Maduro, se desató una crisis que dejó a más de 5.000 familias a la intemperie, desempleadas y sin ninguna atención u orientación fija. Entonces, con la convicción de que el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, debía garantizar algunas acciones para mitigarla, el sindicato convocó una movilización que logró reunirlo con diferentes instancias gubernamentales.

“Cuando se da el cierre de fronteras con Venezuela es cuando sale a la luz pública cuál era la cantidad de familias que sobrevivían de esta actividad y que, durante muchos años del Gobierno, o los gobiernos que habían pasado, no habían tenido en cuenta ni tenían una política pública para atender una crisis como esa. A nosotros como organización sindical nos tocó hacer huelga de hambre por más de 11 días y cerrar algunos pasos vehiculares para llamar la atención del gobierno nacional, departamental y municipal y lo logramos” dice Yuleima.

La apuesta fue por procesos de reconversión laboral serios y rentables para los trabajadores informales unidos al sindicato que se habían quedado sin empleo, y que habían trabajado durante años en condiciones muy variables, siendo víctimas del conflicto, con nulas garantías de seguridad social, pago de pensión o pago por riesgos laborales, y dependiendo de un mercado que no les generaba ninguna otra ganancia más que la suficiente para cubrir los gastos básicos de vida.

Desde el año 2017 se ejecutaron los proyectos de reconversión acordados con el Gobierno Nacional y el concejo de ministros, que favorecieron sólo a 330 familias de las 5.000 afectadas. Para el sindicato, esa no ha sido una apuesta que haya garantizado una sostenibilidad para los trabajadores. Yuleima expresa que se ejecutaron más de 3.000 millones de pesos en recursos de reconversión, pero hasta el día de hoy ninguno de esos proyectos partía de una estructura que posibilitara la integralidad en todos los derechos fundamentales que les han sido negados durante muchos años. Ese mismo año, Sintragasolina se amplió y se crearon tres subdirectivas más, además de la principal ubicada en Cúcuta: una en el municipio de Ragonvalia, otra en el municipio de Tibú y otra en la zona rural de Agua Clara (corregimiento de Cúcuta); siendo estas zonas que históricamente habían sobrevivido de la actividad, y que el gobierno no tenía focalizadas ni caracterizadas como posibles beneficiarias de los proyectos de reconversión.

Una de las iniciativas, por ejemplo, fue crear cooperativas. En 2018 se creó una de talleres de motos a la que se acogieron 45 familias, y otra de gestión de residuos de aceite a la que se acogieron 100.  En ambas, los estudios previos realizados por el Gobierno fueron insuficientes frente a las realidades del territorio y los proyectos, finalmente, terminaron sin dar resultado. “Se conforma una cooperativa de residuales de aceite donde el estudio previo, que según se había hecho por parte de la Cámara de Comercio de Cúcuta, era que en la ciudad y en el departamento se recogía cierta cantidad de toneladas de aceite, y realmente cuando fuimos a la práctica, la realidad es que el aceite no lo donaban, sino que lo comercializan y eso es un negocio que tienen otras personas y que fue imposible para nosotros poder abarcar esta población. Entonces, la cooperativa también fracasó” expresa Yuleima.

Ella también denuncia que como pimpineros, así hubieran pasado del trabajo informal al formal, los procesos productivos que se les propusieron requerían de un seguimiento y un acompañamiento que les permitiera salir adelante. Además, las exigencias sobre la salud y la pensión siguieron sin resolverse, y los trabajadores empezaron a abogar por otras cosas como el acceso a viviendas o becas en universidades para que sus hijos pudieran estudiar.

Ahora, con el gobierno de Gustavo Petro, el sindicato tenía grandes expectativas en continuar la conversación sobre los procesos de reconversión, y se tuvieron unas primeras reuniones en junio del 2023 con el Ministerio de Minas y Energía en las que se expuso la problemática y se acordaron próximos encuentros. Sin embargo, los cambios en el gabinete del ministerio han causado una ruptura en los procesos que se venían adelantando con Sintragasolina.

Hoy los trabajadores están a la espera de una solución o un proceso que tenga en cuenta a todas sus familias y no se quede estancado en un momento en el que ni venden gasolina, ni tienen opciones de empleo, pues, aunque la frontera haya sido reabierta, con el fenómeno de desabastecimiento de combustible en Venezuela, la dinámica para los trabajadores informales colombianos de la zona ha cambiado. Ahora, se sigue comprando ACMP (Aceite Combustible Para Motores o Diesel) por contrabando en Venezuela, aunque en menor cantidad, pero la gasolina ya no implica esa ilegalidad porque se compra aquí mismo: “Hoy lo que podemos ver es que hay muchos más pimpineros de Venezuela en la zona de frontera que allá de Colombia, acá en estos momentos las pocas personas que se dedican a la actividad lo están haciendo comercializando informalmente combustible colombiano”.

Se hace de la misma manera, los trabajadores van en sus motos o en sus carros, tanquean y revenden la gasolina por galones. Ahora conviven dentro de otro ecosistema informal de venta de combustibles, en el que se distinguen de los “pategrilleros” que comercializan combustible para la fabricación de la pasta de coca. Uno de los cambios que identificaron los participantes para los últimos 10 años durante el taller en Tibú, fue el aumento de la venta de combustible por contrabando, dentro de los actores pueden estar ambos y es importante diferenciarlos.

Así mismo, en el taller uno de los temas principales de la exposición sobre Transición Minero-energética, fue la importancia de pensar un modelo de producción de energías que posibilite procesos de reconversión laboral efectivos para los trabajadores. Sintragasolina, por su experiencia, busca ser un referente para esos cambios estructurales que el Gobierno, las empresas y sindicatos como la USO deben proponer para que los procesos de reconversión y los recursos que se destinen funcionen para la amplia población que los necesita. Según datos del Dane, desde 2021 a 2024, el porcentaje de desempleo se ha mantenido en el departamento del Norte de Santander, estando entre el 9% y el 7%. Además, respecto al total de la población ocupada en el departamento, el trabajo informal en ese mismo periodo de tiempo siempre ha estado por encima del 50%. Para enero y marzo de este año, por ejemplo, la cantidad de personas trabajando informalmente representa un 61%.

Moisés Barón, presidente de la Federación Sindical Minero-energética y Ambiental por la Paz, argumenta que la industria petrolera sigue manteniendo una vigencia en la región y es importante leerla en clave de una transición energética en la que se desescale gradualmente el modelo de producción actual y, a su vez, se busque la transformación productiva y económica del territorio permitiendo que, en el marco de una política pública nacional, con los mismos recursos que provee el petróleo se vayan apalancando nuevas dinámicas territoriales que permitan el desarrollo productivo, social y laboral.

“Los trabajadores tienen aquí una triple dimensión, por un lado, tienen que garantizar que al país le vaya bien en términos de una transición para no perder nuestra soberanía energética. Por otro, tienen que defender un camino público para garantizar que cualquier idea de transformación socioeconómica o productiva se apalanque primero en un aparato público, como lo es Ecopetrol, y que el desarrollo de las energías renovables y alternativas vaya quedando bajo un control público. En tercera medida, deben garantizarse a sí mismos como gremio sus derechos, necesitamos que en esa migración de fuentes energéticas y de cambios de matrices productivas también migren los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales” explica Moisés.

Aunque los pimpineros no participan directamente en la producción del combustible, hoy por hoy, buscan hacer parte de una generación que le apueste a la producción de energías limpias.  Según Yuleima, desde el sindicato han estado muy interesados y son conscientes de que deben prepararse para esa nueva iniciativa que hoy en día está en boca de todos.

“Realmente el pimpinero era una persona que se dedicaba a comprar un producto y venderlo; más allá de eso no tenía una especialización, ni tenía un estudio previo, ni tenía una capacitación de cómo hacer las cosas. Creemos que es importante este tema y queremos ser parte de ello ya que, durante muchos años estuvimos ligados a lo que era el combustible, a lo que era el contrabando, y como no ahorita en este proceso de transición también hacer parte de esa nueva generación que puede ayudar al medio ambiente, y que también puede generar nuevas iniciativas de cuidado” expresa Yuleima.

Así mismo, en términos de paz, como víctimas directas, Sintragasolina manifiesta su interés como en que los diálogos puedan desarrollarse para que se pueda ejercer con libertad el trabajo en el territorio, y para que las familias de los 17 compañeros que perdieron puedan ser reparadas. Para ello, Yuleima sugiere que se trabaje en la articulación de los diferentes procesos presentes en la región, que a veces parecen trabajar desde la individualidad por su propio interés.  Al finalizar la jornada del taller, una de las necesidades compartidas entre todos y todas las participantes fue esa misma:

“Necesitamos unirnos todas las asociaciones”, “esta es la oportunidad”, “tiene que haber más articulación”.

Tal vez la mejor descripción de ella la haya dado Moisés en su intervención: “De lo que sí estamos seguros es que todos necesitamos de todos, lo que no sabemos es cuánto. Por ahí dicen en la sabiduría popular que una mano lava la otra y las dos manos lavan la cara, así que hay que tener presentes esos principios de unidad y solidaridad”, que son los que busca la USO promover y reforzar de cara a la gran Asamblea Nacional por la Paz que se realizará a finales de este año en Bogotá.